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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), como organización más representativa del sector, ha estado liderando todas las iniciativas encaminadas al reconocimiento, por parte de las Administraciones Públicas, de la necesidad de un reequilibrio económico en los contratos públicos.

Siete de cada diez euros, de los 160.000 millones de euros que recibirá España hasta 2026, van a ser canalizados por el sector de la construcción de forma directa o indirecta.

La escasez de mano de obra cualificada, añadida a su envejecimiento, ponen en peligro una eficiente ejecución de parte de los fondos europeos. Aun siendo el nuestro un sector que crea empleo estable y de calidad y con sueldos más altos que la media, mantiene una imagen distorsionada, a mejorar notablemente.

Los agentes sociales del sector de la construcción tienen un largo historial de diálogo y concertación social. El VII Convenio General (CGSC) representa un hito en España al incluir en él el primer plan de pensiones de empleo simplificado sectorial de alcance estatal para los trabajadores de la construcción; además de contemplar un incremento salarial del 10% desde 2022 hasta 2024.

En CNC trabajamos por garantizar que la competencia entre las empresas del sector sea justa. Pero, por un lado, las Administraciones Públicas siguen abusando de la contratación de obras a medios propios y, por otro, la imposibilidad de revisar los precios de los contratos públicos está reduciendo la concurrencia de empresas a nuevas licitaciones. En 2019 compitieron una media de 4,09 empresas por cada uno de los 150.000 contratos públicos registrados, y en 2023 la media de licitadores se hundió hasta las 2,99 empresas para más de 220.000 contratos.